Su origen coincide con una etapa donde impera el pensamiento liberal; la institución presupuestaria ha sido sometida desde su origen a una serie de criterios, los cuales han quedado plasmados en la mayor parte de la legislación comparada, a estos criterios se les conoce con el nombre de principios presupuestarios clásicos los cuales se dividen a su vez en:
- Principios de naturaleza política: que tienen a su vez una traducción contable (Principios contables)
- Principios de naturaleza económica.
Principios económicos
Son de carácter económico cuyo origen radica en la época clásica, los cuales inspiraron la práctica del presupuesto y de la gestión financiera a lo largo del tiempo.
Estos principios económicos fundamentales de la hacienda pública son cuatro:
- Minimización
- limitación del gasto
- neutralidad impositiva,
- presupuesto equilibrado anualmente
- deuda pública auto liquidable
Principio del gasto público mínimo
Los investigadores también lo denominan dogma del mal necesario, en honor de la filosofía que impregnaba el pensamiento de los economistas clásicos. Para estos, el gasto público era un consumo improductivo, un gasto que no contribuía a la acumulación de capital y no favorecía, por lo tanto, el desarrollo económico, objetivo primordial de la política económica.
El crecimiento económico de un país, según ellos, es fruto de la libre actuación de las fuerzas del mercado, razón por la cual la intervención del gobierno en la economía debe ser mínima. El gasto público debe limitarse, siguiendo a Adam Smith, a los servicios carentes de interés para las empresas privadas por su falta de rentabilidad inmediata, (los servicios de defensa, orden público y justicia, obras económico-sociales básicamente, las obras de infraestructura o capital de utilidad pública.
Principio de neutralidad de la imposición
Este principio puede entenderse en bases a la ideología clásica según la cual el mercado propicia que la economía crezca hasta lograr el pleno empleo de sus recursos productivos. La financiación de los gastos públicos debe hacerse con neutralidad impositiva (que el impuesto ha de establecerse de tal forma que distorsione lo menos posible el óptimo económico que alcanzaría el mercado y no obstaculice el desarrollo económico de un país). Esto es, si bien el Estado ha de intervenir en la economía, los impuestos han de diseñarse de tal manera que no alteren el comportamiento de los agentes económicos integrados en la sociedad; han de ser neutrales para alteren lo menos posible el equilibrio conseguido por el mercado.
Principio de equilibrio presupuestario anual (regla de oro)
La máxima clásica del equilibrio presupuestario anual aboga por la necesidad de que los gastos públicos ordinarios (no financieros) sean financiados exclusivamente con ingresos ordinarios (no financieros), es decir, los ingresos impositivos. De este fondo de financiación del gasto (o fondos para el equilibrio presupuestario) quedarían, pues, excluidos otros ingresos públicos, como serían los provenientes de la deuda pública o endeudamiento del Estado. En caso de que los ingresos ordinarios (no financieros) no alcanzasen a cubrir los gastos ordinarios (no financieros) se hablaría de situación de déficit.
Si los ingresos normales son insuficientes para financiar los gastos, el Estado recurrirá al endeudamiento, pero al hacerlo estará tomando de la sociedad unos recursos que, de otro modo, la iniciativa privada podría emplear de forma más rentable o productiva.
Principio de la deuda pública autoliquidable
Calificado como una extensión de la idea clásica del equilibrio presupuestario, este principio sostiene que la deuda pública solo puede justificarse como medio de financiación de inversiones autoliquidables (nunca de gastos de consumo de los entes públicos). Estas inversiones se equiparan a las que pueden generar en el futuro un rendimiento suficiente como para pagar los intereses y devolver el principal. La raíz de este principio se ha encontrado en la preocupación de los economistas clásicos por el hecho de que el Estado, además de sustraer recursos a la iniciativa privada, se vea imposibilitado para devolverlos mediante los rendimientos por ellos generados.
De ahí también que, aun cuando la inversión realizada no fuese autoliquidable, cuando menos habría de generar rendimientos o beneficios de carácter social.
Si se analizan los cuatro principios anteriores, se comprueba que, aparte de limitar la acción del grupo político, expresan los mismos principios a los que debería ajustar su comportamiento el empresario privado.
Para los economistas y políticos clásicos, el Estado y los empresarios deben seguir las mismas normas de administración de sus finanzas. La apropiación por el Estado de las máximas de la economía de la empresa privada es, en fin, una característica destacada de la hacienda clásica.
