El presupuesto clásico o administrativo no es más que una previsión de aquellos gastos e ingresos públicos que los órganos del Estado y los servicios de su administración precisan para funcionar, para continuar subsistiendo o ampliar el área de su quehacer.
Por ello, el presupuesto convencional toma como referencia las unidades administrativas existentes, que pasan a integrarse en el plan contable del presupuesto que detalla la manera en la que la organización estatal se propone gastar los fondos públicos correspondientes.
Los servicios de la administración no son solo el origen del presupuesto convencional, constituyen también su destino, en cuanto que el presupuesto aprobado ofrece los medios la información del presupuesto clásico, puesto que, respondiendo a su carácter de presupuesto de medios, muestra cómo el Estado gasta (es decir, cómo gastan los servicios públicos en distintos objetos materiales para asegurar su continuidad), pero no para qué ni por qué lo hace.
El presupuesto administrativo nos indica gracias a qué gastos podrá sostenerse la existencia de unos servicios públicos, pero ni nos informa sobre las funciones que estos gastos públicos permiten desempeñar, ni nos garantiza que los bienes y servicios producidos cubran realmente las necesidades sociales.
Otras insuficiencias informativas, con respecto a las variables del análisis económico de una sociedad, son: su falta de idoneidad para comprobar y analizar los efectos de los ingresos y gastos públicos sobre la liquidez del sistema económico, así como su imposible utilización para apreciar los efectos económicos ocasionados por los programas de ingresos y gastos públicos sobre las distintas partidas que integran la contabilidad nacional de un país y el nivel de su actividad económica. Este hermetismo informativo es el que ha impulsado la búsqueda de nuevos tipos presupuestarios.
