Holandeses y alemanes estaban de acuerdo con el plan Delors ( a diferencia de los británicos ) pero habían apoyado la postura británica de profundizar en el funcionamiento de la 1ª fase.
Alemania seguía insistiendo sobre la necesidad de aumentar la convergencia de las políticas económicas y monetarias y se seguían oponiendo a la propuesta británico de una moneda paralela en la CE ( el Ecu-duro ).
En la cumbre de Roma del 27 y 28 de octubre de 1990 quedaron resueltas, aparentemente, las discrepancias entre los representantes de los países, que llegaron a acuerdos por unanimidad con la excepción de Gran Bretaña que aún así decidió apoyar uno de los requisitos exigidos para la 1ª fase del plan Delors y el 8 de octubre la Libra se incorporó oficialmente al mecanismo de cambios del SME.
El 12 de noviembre de 1990 se presentó el trabajo realizado en el seno del comité de Gobernadores de Bancos Centrales, sobre los objetivos, funciones y estructura del futuro SEBC. Fue aprobado como documento a utilizar para las deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental (C.I ) sobre la unión monetaria que tendría lugar poco después. El proyecto de estatutos del SEBC y del BCE fue aprobado más tarde por el Comité de Gobernadores, el 26 de abril de 1991.
La problemática cuestión de la unión política
La unión política era una cuestión mucho más delicada que la unión económica-monetaria y además existía una clara falta de iniciativa para presentar propuestas para la Unión Política y sobre todo para salvar la próxima Conferencia Intergubernamental donde el tema central iba a ser la Política Exterior y Seguridad y en especial el papel futuro de la UEO y la relación de los países comunitarios con la OTAN.
Las Conferencias Intergubernamentales ( económica-monetaria y política ) se inauguraron el 15 de diciembre de 1990 en un ambiente de crisis internacional ( Amenaza de recesión económica, inestabilidad política y económica en la URSS, la invasión de Kuwait ).
La Conferencia Intergubernamental para la UEM adoptó como punto de partida de los debates, el proyecto de Tratado de la Comisión, que recogía las principales cuestiones debatidas hasta la fecha, otras propuestas recogidas por los países miembros, el proyecto de estatutos del SEBC (adoptado por el Consejo de Gobernadores en el mes de Noviembre) y por último se incluyeron también las propuestas que sobre la Unión Política contenía una carta enviada por Mitterrand y Kohl al presidente del Consejo de la Comunidad.
Las demandas de los países
- Gran Bretaña : Seguían manteniendo su oposición al ecu como moneda única y al desarrollo de las etapas del Plan Delors.
- Alemania : Empeñada en la necesidad de convergencia económica y estabilidad precios.
- España : Dispuesta a presentar un documento sobre las principales cuestiones monetarias El Ecu y el SEBC. Para España el SEBC no debería ser establecida como una institución compuesta por los Bancos Centrales, sino como una nueva institución genuinamente comunitaria.
- Francia : Consideraba de interés la propuesta británica del ecu-duro, siempre que se entendiese ( a la manera española ) como un paso previo a la implantación de una moneda común europea.
Gran Bretaña en febrero de 1991 presentó un documento en forma de tratado donde se proponía el ecu-duro como la 13ª moneda comunitaria que circularía en paralelo al resto de monedas y el rechazo de la moneda única.
La propuesta de Alemania se alejaba de plan Delors y de los acuerdos alcanzados en Roma. Para ellos las divergencias económicas de los países miembros no eran las mejores condiciones para este proceso de envergadura por lo que propusieron profundizar en cada fase del proyecto. La 2ª fase se iniciaría en 1997 y para pasar a la 3ª se debería dar un elevado nivel de convergencia económica. Seguía proponiendo el rechazo a los déficit excesivos y reconocía la conveniencia de una Europa a 2 velocidades.
Proponían además que los tratados de UEM y política fueran simultáneos y reforzar el Ecu y adoptar disposiciones para que no pudiese ser devaluada.
España desde los primeros momentos, se mostró más inclinada por la dilatación de la 2ª fase y por la adopción por la Comunidad de las medidas e instrumentos precisos para hacer frente las necesidades de la UEM , como por ejemplo, un presupuesto comunitario.
Dinamarca presentó en la reunión del ECOFIN en marzo de 1991, una propuesta para una mayor convergencia monetaria en cuanto a reducir el margen de fluctuación por lo que se demostraba la confianza que los daneses demostraban en la estabilidad del SME, sin embargo y por sorpresa al año siguiente Dinamarca dijo “NO “ al tratado de Maastricht por lo que se inició una ola de desconfianza en los mercados financieros y una crisis del SME.
En Junio de 1991, la presidencia luxemburguesa ( que era quien ostentaba la presidencia del Consejo en ese momento ) presentó un plan ( como anteproyecto al tratado que debía modificar el Tratado de Roma ) con una estructura de 3 pilares, donde se incluían la UEM, la Política Exterior y de Seguridad común y los asuntos de Interior y Justicia.
Hubo algunos problemas porque aparecía la palabra “federalismo”.rechazada por Gran Bretaña, Portugal y Dinamarca.
La necesidad de una mayor convergencia económica y el establecimiento de programas de ajuste nacionales, antes de implantar la moneda única, se reconoció expresamente en la sesión informal del ECOFIN del 11 de mayo de 1991 en Luxemburgo. Los 12 países reconocieron la posibilidad de períodos transitorios, para los países con problemas antes de integrarse en la UEM.
Por entonces los países con más problemas eran Grecia – que adoptó un programa de ajuste específico bajo la vigilancia europea – Portugal e Irlanda – estos 2 solicitaron a Bruselas apoyo técnico para solventar sus problemas presupuestarios. En cualquier caso ningún país estaría obligado a pasar a la 3ª fase ni podría vetar al resto.
La determinación de unos criterios objetivos de convergencia, para pasar a la 3ª fase fue motivo de fuertes debates en la Conferencia Intergubernamental, especialmente por las grandes exigencias de Alemania, que chocaban con una postura menos estricta por parte de Francia y la Comisión.
Gran Bretaña, consciente de que el proceso de la UEM era imparable, preparaba el terreno para mantenerse en una posición privilegiada sin participar y solicitó que se diferenciases entre los países que voluntariamente no querían participar en la UEM y los que no estaban en condiciones.
La posición británica fue recogida en el Tratado de Maastricht con la claúsula denominada Opting out.
