Fue definida en 1983, es un instrumento de la Unión, para la gestión de las pesquerías y la acuicultura con el objetivo de obtener el equilibrio entre actividad y recursos. Una gestión racional de los recursos, bajo el principio de subsidiariedad, respecto al control y las medidas encaminadas a incrementar la responsabilidad de los profesionales, se considero la mejor garantía. En 2002 se introdujeron cambios que afectan a:
- Una perspectiva más a largo plazo, con planes de recuperación y gestión
- Más integración de cuestiones medioambientales
- Creación de los Consejos Consultivos Regionales
- Nueva política de flotas, eliminado los objetivos obligatorios de reducción de la capacidad y sustituyéndolos, por límites máximos nacionales para los que estados decidan su política.
- Esfuerzo pesquero, limitando los días en que un buque puede faenar
- Utilización más selectiva de los fondos
- Nuevos acuerdos de pesca bilaterales con terceros países.
La política común, va dirigida a preservar las poblaciones de peces y a reestructurar la industria. El Consejo de Copenhague de 2003, dictaminó normas relativas a la conservación y explotación de los recursos pesqueros, medidas urgentes de desguace de buques e intervención con finalidad estructural en el sector de la pesca. En la actualidad la política pesquera tiene deficiencias que hacen que se plantee una nueva reforma (Libro Verde de la Comisión de 2009), las más importantes son
- Problema de exceso de capacidad de la flota
- Objetivos políticos imprecisos
- Sistema de toma de decisiones, que ofrece un enfoque a corto plazo
- Falta de voluntad política para garantizar el cumplimiento de las normas y mal cumplimiento por parte del sector.
